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Denuncian en Guanajuato a Sacerdote que maltrata físicamente a niños, y además los registró con su apellido.

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De cariño sus fieles le dicen "Papi", pero el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías es señalado por una juez Federal como el principal responsable de ejercer maltrato físico a decenas de niños en los albergues que fundó, los cuales están ubicados en Salamanca, Guanajuato y en Morelia, Michoacán.

Fue en marzo de 2017 cuando la juez Federal Karla Macías documentó, a través de diversos informes de distintas instancias gubernamentales, agresiones físicas cometidas en contra de menores de edad y adolescentes.

En dicha resolución se establece que los menores de edad "reciben golpes de un adulto varón al cual le llaman el castigador" y "los niños presentaban golpes en diversas partes del cuerpo, desnutridos y en muy malas condiciones de higiene"; además de que "vecinos del lugar escuchan llantos y gritos de los menores".

Para Rebeca Aguayo, coordinadora de investigación del Centro de Promoción de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en Guanajuato, "esto sigue siendo la forma en como tratan a los niños y las niñas... a partir del castigo corporal como una forma de control".

Más aún, en la resolución de la juez Federal se logró documentar que, más de 130 de esos niños tienen los apellidos del sacerdote, por lo que exigió "investigar si los Oficiales del Registro Civil permitieron registrar a Pedro Gutiérrez Farías, ostentándose como papá, de ciento treinta y cuatro personas". Además, ordenó "que se realicen exámenes psicológicos a Pedro Gutiérrez Farías".

En los albergues de "Papi" hay más de 300 niños, ahí laboran 12 monjas y cinco sacerdotes. Tienen seminario y convento propios, una casa de formación en la ciudad infantil donde se encuentran los bebés, los adolescentes se ubican en la ciudad juvenil y en Irapuato están los niños enfermos y con discapacidad.

Hace un año la juez emitió su sentencia. Nada ha sucedido. "Hasta ahorita no hay ningún delito que se persiga. Ningún delito federal, sobre todo los que pueden ser violaciones graves a los derechos de niños niñas y adolescentes. En términos de la línea de justicia no ha habido avances evidentemente", lamenta Rebeca Aguayo.

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