Concluye investigación que no existió conflicto de interés en compra de inmuebles del presidente de México y su esposa

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La Secretaría de la Función Pública informó que de acuerdo con las investigaciones realizadas, el presidente de México Enrique Peña Nieto y el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, no incurrieron en conflicto de interés, ya que los inmuebles que adquirieron en los municipios de Ixtapan de la Sal y Malinalco, respectivamente, en el estado de México, fue a través de contratos celebrados en fechas anteriores a ocupar sus cargos en la administración pública federal, y con sus propios recursos.

Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública, explicó que "se determinó que no existe conflicto de interés, ya que ni el licenciado Enrique Peña ni el doctor Luis Videgaray incurrieron en alguna acción parcial relacionada con las atribuciones legales que les corresponden, ni participaron de forma alguna en los contratos celebrados del gobierno federal".

Precisó que ninguno de los funcionarios tuvo participación en el otorgamiento posterior de contratos a las empresas inmobiliarias involucradas, ni ordenó a ningún funcionario resolver en determinada manera dichos procesos. Hecho acreditado, dijo, con las declaraciones de 111 funcionarios.

"Se demostró que a los servidores públicos que participaron en las contrataciones no se les ordenó resolver de alguna manera el procedimiento, adicionalmente se demostró que no hubo beneficio, provecho o ventaja en el contrato de compra-venta del inmueble que previamente había celebrado con anterioridad", dijo en conferencia de prensa.

Respecto al contrato celebrado por la casa ubicada en Sierra Gorda número 150, Lomas de Chapultepec, conocida también como "Casa Blanca", señaló que fue a través de un contrato entre particulares por parte de Angélica Rivera, esposa del presidente, y la empresa Ingeniería Inmobiliaria del Centro, en 2012.

Esto ocurrió, acotó, antes de que Peña Nieto se desempeñara como servidor público federal, y que en 2014 dicho contrato fue cancelado.

"Se comprobaron también el pago de las obligaciones derivadas del contrato hasta que se dio por terminado, en forma anticipada, el 11 de diciembre de 2014 y quedó comprobado que dichos pagos se realizaron con el patrimonio de la particular, mismo que provenía de su cuenta bancaria. Se acreditó que con motivo del inicio del encargo del licenciado Enrique Peña Nieto como presidente de la República, no hubo modificación alguna a los términos originales del contrato de compraventa", agregó el funcionario federal.

Añadió que ni Enrique Peña Nieto ni su esposa adquirieron bienes después de que tomara protesta como presidente de la República.

Ante la insistencia de medios sobre qué tanto se investigó la relación personal y de amistad de los empresarios y los funcionarios, Virgilio Andrade aclaró: "Toda relación personal de la que se habló en este caso fue tomada en cuenta, porque precisamente es el punto de partida para abrir la investigación. Pero la materialización del conflicto de interés solamente se puede dar cuando se comprueba que hay un beneficio indebido al servidor público o cuando hay un beneficio indebido a las empresas que participaron en los contratos".

La Secretaría de la Función Pública puso a disposición el informe de la investigación a través de su página en internet.

Con Uno, Almariana Guerrero