FIFA y América Latina estremecidas por caso de corrupción
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Varios jerarcas del futbol latinoamericano fueron arrestados en Suiza y aguardan su extradición a Estados Unidos, acusados de corrupción "rampante, sistemática y arraigada", mientras la fiscalía suiza abrió un expediente penal por el proceso en el que la FIFA eligió las sedes de los mundiales de 2018 y 2022.
La FIFA indicó que las elecciones del próximo viernes, en las que su actual presidente Joseph Blatter, quien no fue nombrado en las investigaciones y buscará un quinto período al mando, se realizarán como están programadas.
El organismo rector del futbol descartó realizar una nueva votación para elegir las sedes de los mundiales de 2018 y 2022, que fueron otorgados a Rusia y Catar, respectivamente.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que entre los arrestados están el uruguayo Eugenio Figueredo, representante de la Conmebol en el comité ejecutivo de la FIFA; el presidente de la CONCACAF y vicepresidente de la FIFA, Jeffrey Webb; el vicepresidente de la FIFA y líder de la federación de Venezuela, Rafael Esquivel, y el presidente de la federación de Costa Rica y candidato al comité ejecutivo de la FIFA, Eduardo Li.
También fueron arrestados el expresidente de la federación brasileña José María Marín, el funcionario nicaragüense de la FIFA Julio Rocha y el asesor del presidente de la CONCACAF, Costas Takkas.
Las autoridades estadounidenses sospechan que los siete arrestados recibieron o pagaron millones de dólares en sobornos a través de bancos estadounidenses, por lo que podrían ser condenados a hasta 20 años de cárcel de ser hallados culpables.
Otros imputados son el expresidente de la Conmebol Nicolás Leoz y el exlíder de la CONCACAF Jack Warner.
Nueve de los 14 imputados son dirigentes, cuatro son ejecutivos de empresas y uno es una figura del mundo de las telecomunicaciones.
"El auto de acusación alega que la corrupción es rampante, sistémica y profundamente arraigada tanto en el extranjero como aquí, en Estados Unidos", señaló en un comunicado la secretaria de Justicia de Estados Unidos, Loretta E. Lynch.
AP