Denuncian ante fiscalía de México a maestros que cobran hasta 100 mil pesos al mes sin trabajar
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Desde 2010, sólo se le ve en marchas y plantones, pero no en el salón de clases. De acuerdo a la organización "Mexicanos Primero", desde ese año, el profesor y líder de la sección 22 de la CNTE en Oaxaca, Rubén Núñez, ha cobrado al menos tres millones 313 mil pesos del erario público, sin trabajar.
"El señor Núñez Ginez tiene un sueldo de poco más de 100 mil pesos al mes como maestro de la Escuela Experimental Normal Lázaro Cárdenas en Putla, Oaxaca", reveló Claudio X. González, presidente de "Mexicanos Primero".
Por este hecho, "Mexicanos Primero" interpuso una denuncia penal en su contra. De acuerdo a la organización, al menos en este ciclo escolar, el líder de la sección 22, acumuló 60 faltas sin ningún descuento o sanción, a pesar de que la Ley del Servicio Profesional Docente establece la baja por tres faltas injustificadas en un lapso de 30 días.
"60 días hábiles, 20 veces lo que la legislación dice es causa suficiente para un despido", agregó González.
La denuncia interpuesta este lunes ante la PGR, se extiende también a los funcionarios públicos que han permitido el pago a los maestros faltistas de Oaxaca, que en promedio no asisten a clases una cuarta parte del ciclo escolar.
"No es contra únicamente Rubén Núñez Ginez, es en contra de todo un ecosistema que soporta y sostiene a esa organización cúpulas, es decir, va en contra de presuntos responsables en el IEPO, gobierno del estado y gobierno federal", indicó González.
"Exponer y solicitar a la autoridad investigue el uso de esos recursos públicos, si esos recursos públicos constituyen, al pagarse al personal docente que no asiste a su aula a su lugar o fuente de trabajo, si eso es o no un pago ilegal", agregó José Luis Izunza, abogado penalista.
"Mexicanos Primero" advierte que es la situación del magisterio disidente lo que ha sumergido a Oaxaca en una crisis educativa, donde se registran mil 382 docentes aviadores y 298 comisionados con goce de sueldo.
"Esperamos que quepa el buen juicio y digamos la conciencia cívica en todos los funcionarios, incluyendo el secretario de educación a decir, actúen", dijo David Calderón, director general de la organización.
El delito por el que se les acusa es daño al erario público, por lo cual, de proceder, podrían alcanzar una pena de hasta 14 años de cárcel.
Con Uno Ana Cecilia Méndez