Defienden en Senado leyes aprobadas

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PRI y PVEM el Senado defendieron la aprobación de cinco de las siete leyes del Sistema Nacional Anticorrupción y en particular la ley conocida como 3 de 3.

Emilio Gamboa, coordinador del PRI en el Senado, afirmó: "Se ha querido confundir a la sociedad con que hicimos una iniciativa 'ligth' de 3 de 3 y es todo lo contrario, hicimos lo que nos mandataron los ciudadanos, organizaciones muy serias, muy reconocidas y de gran prestigio".

Por su parte, Pablo Escudero, senador del PVEM, sostuvo: "El señor Pardinas miente y yo los invito a que revisemos los documentos y lo invito a que venga al Senado y que debatamos con los documentos en la mano, que revisemos la iniciativa ciudadana a ver si contiene formatos".

Este miércoles, el Senado aprobó cinco de las siete leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción; reformó la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; la ley orgánica de la PGR para la creación de la Fiscalía

Anticorrupción y el Código Penal Federal en materia de combate a la corrupción.

Héctor David Flores Ávalos, senador del PAN, declaró: "La transformación que hoy se persigue no es un asunto menor, no lo es porque hoy se advierte sin duda alguna que la sociedad demanda integridad, no sólo en el ejercicio de cualquier cargo público sino también en el manejo y en el destino del dinero proveniente del erario".

Los senadores aprobaron la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para crear la Fiscalía Especial de Combate a la Corrupción, cuyo titular será nombrado por el presidente de la República.

Dolores Padierna Luna, senadora del PRD, dijo: "Es precisamente la rendición de cuentas y los informes a la ciudadanía los que deben ser además periódicos y ante el Senado de la República, es muy cuestionable que estas obligaciones se hubieran eliminado también del dictamen y fueron remplazadas por un informe al titular de la PGR".

Con las reformas al Código Penal Federal, se contempla la destitución de los servidores públicos que incurran en actos de corrupción, y la inhabilitación hasta por 20 años.

Fernando Yunes Márquez, senador panista, destacó: "Se plantea castigar al legislador federal que en ejercicio de sus funciones gestione o solicite la asignación de recursos a favor de un ente público exigiendo u obteniendo para sí o para un tercero, una comisión, dádiva o contraprestación en dinero o en especie distinta a la que le corresponde por el ejercicio de su encargo".

El tráfico de influencias se sancionará con dos a 6 años de prisión y se impondrán de dos a 14 años de cárcel para todo aquel servidor público al que se le acredite enriquecimiento ilícito.

Las cinco leyes ya fueron turnadas de manera escalonada a la Cámara de Diputados.

Con Uno, Rubén Rojas