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Aprueban Senado de México Ley Anticorrupción

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Porque México es subcampeón mundial en corrupción e impunidad, después de un largo proceso legislativo, el Senado de la República aprobó las reformas constitucionales que establecen el sistema nacional anticorrupción.

"Nuestro país lamentablemente ocupa el segundo lugar en impunidad, sólo debajo de Filipinas y arriba de Colombia. En un país en donde el 98 por ciento, en el caso de los delitos penales quedan sin castigo", comentó Alejandro Encinas Rodríguez, senador del PRD (Partido de la Revolución Democrática).

La reforma modifica 14 artículos de la Constitución y genera la coordinación de todos los órdenes de gobierno para prevenir, detectar y sancionar las responsabilidades administrativas y hechas de corrupción.

"Estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes", dijo la senadora del PRI, Cristina Díaz Salazar.

Datos de la Auditoria Superior de la Federación estiman que en 10 años, México perdió 86 mil millones de dólares derivados de actos de corrupción.

"Desde esta trinchera, hacemos un llamado al Presidente de la República para que, a diferencia de la Reforma Educativa, que aún no vemos concretada, aplique cada una de estas modificaciones para ver el fin de la impunidad y a los funcionarios corruptos verdaderamente en la cárcel", expresó Marcela Torres Peimbert, senadora del PAN (Partido Acción Nacional).

Y así como una golondrina no hace verano, tampoco esta ley es la respuesta completa, por lo que llamaron a que en un año se le realicen las enmiendas pendientes.

"Llamarle a esta minuta un verdadero sistema nacional anticorrupción sería incompleto, el fuero para senadores y senadoras, el fuero para legisladores, el fuero para presidentes municipales como José Luis Abarca o el fuero incluso para el Presidente de la República", añadió el senador del PRD (Partido de la Revolución Democrática), Armando Ríos Píter

También se crea el Tribunal General de Justicia Administrativa, para evitar que el propio gobierno sea juez y parte en los procesos sancionatorios de responsabilidades públicas; establece la aplicación de la extinción de dominio para casos de enriquecimiento ilícito e incrementa a 15 años la prescripción de responsabilidades administrativas, graves y de corrupción.

Con Uno Rubén Rojas