Veta Peña la 'ley 3 de 3' que afecta a empresarios

Veta Peña la 'ley 3 de 3' que afecta a empresarios

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Tras la presión del sector empresarial, el presidente Enrique Peña Nieto vetó parcialmente la Ley 3 de 3.

Humberto Castillejos, consejero jurídico del Ejecutivo federal, informó: "En ejercicio de la facultad constitucional de realizar observaciones aprobadas por el Congreso de la Unión conocida como facultad de veto, devolverá el Senado de la República para su análisis del artículo 32 incisos B y C de la Ley General de responsabilidades administrativas y otros 15 artículos más relacionados con este artículo 32".

En un anuncio realizado en Los Pinos, el gobierno federal reconoció que los cambios realizados por el Congreso no son útiles para el Sistema Nacional Anticorrupción.

Ya que tal y como se aprobó la ley, todos los trabajadores de las empresas privadas o que reciben recursos federales estarían obligados a realizar sus declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses.

"El gobierno de la República ha escuchado con atención las voces que argumentan que esta medida es excesiva y haría inoperante el Sistema Nacional Anticorrupción, ya que sería imposible procesar millones y millones de declaraciones. También, inhibiría los particulares de prestar servicios o vender productos a gobiernos y lo más importante afectaría a personas que no están vinculadas con contrataciones como beneficiarios del programa prospera o los becarios del Conacyt entre otros". Afirmó Castillejos.

Para no retrasar más la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción, el presidente solicitó al Congreso de la Unión un nuevo periodo extraordinario donde se realicen las modificaciones pertinentes.

El consejero jurídico del ejecutivo federal, sostuvo: "Esta medida resultaría contraria a los derechos humanos previstos por la constitución General de la República a la afectar de manera excesiva la vida privada y la protección de los datos personales de los mexicanos e incluso de extranjeros".

El gobierno de la república argumentó que el veto parcial y sus observaciones no disminuyen la capacidad para sancionar a los particulares corruptos.

El artículo 29 de la Ley 3 de 3 que establece que las declaraciones son obligatorias para todos los funcionarios públicos también ha sido cuestionado, sin embargo, la presidencia solo vetó el artículo 32.

Con Uno, Ana Cecilia Méndez

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